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Hoy,
3 de mayo, Día Internacional de la Libertad de Prensa, leeremos y
oiremos en los medios, atrocidades contra este derecho. Menos común
serán las alusiones a atropellos aquí mismo. Y se dan.
No tan trágicos como los que hoy nos mostrarán. Pero no
por ello menos graves. Si grave es quitar a una persona de en medio
por su labor comunicativa, grave también es la violación
sistemática, cotidiana, diaria, permanente, de un derecho
universal.
"Todo
individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de
expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa
de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y
opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras,
por cualquier medio de expresión." (Artículo
19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos)
Y
aquí, hoy, no todo el mundo puede recibir informaciones y
opiniones. No todo el mundo puede difundirlas por cualquier medio de
expresión. No pueden, por ejemplo, las radios comunitarias,
libres, asociativas. Se conculcan, también así, los
derechos de recepción de miles de oyentes que no pueden elegir
lo que quieren oir.
Hoy,
aquí, el derecho de emisión es sólo para el
Estado y el Mercado. La sociedad civíl, el “Tercer Sector
de la Comunicación”, queda fuera de juego.
Y,
hoy, los medios de comunicación de los otros sectores,
olvidarán esto. Y olvidarán que, cuando la Conferencia
General de la UNESCO fijó el Día Mundial de la
Libertad de Prensa, eligió el 3 de mayo evocando la
Declaración de Windhoek, Namibia, para el "Fomento de
una Prensa Africana Independiente y Pluralista". Y que, en
su resolución de 1991 "Fomento de la libertad de
prensa en el mundo", se indicaba que una prensa libre,
pluralista e independiente era
ingrediente esencial de una sociedad democrática.
Algo
cruje cuando sólo puede emitir el Estado y el Mercado, que ni
son libres, ni son independientes y, en muchos casos, tampoco
pluralistas, mientras dejan fuera al tercer sector, con radios como
Tas Tas y otras, que sí son libres, pluralistas e
independientes. Si como dice la resolución de 1991, que hoy
celebramos, los medios libres, pluralistas e independientes son pieza
esencial de toda sociedad democrática, habrá que
concluir que la nuestra no es una sociedad plenamente democrática.
¿O no?
Invocando
la limitación del espacio radioeléctrico, un hecho
objetivo, el Estado se apropia de un bien común y público,
para su uso. Y privatiza lo que le sobra. Cede al negocio un bien
social. Las radios libres, asociativas, comunitarias, las radios como
Tas Tas, también se apropiarian de un espacio público.
Pero sólo para devolverselo a la propia sociedad. No hay ánimo
de lucro. No hay negocio. Y tampoco acceso.
Más
de 25 años llevan las radios del tercer sector reclamando sus
derechos. Más de 25 años lleva la Administración
negándoselos. 25 años de incumplimiento de obligaciones
por parte del Gobierno Vasco. 25 años de discriminación,
caos y negocio en el dial. 25 años ejerciendo nuestra labor en
inferioridad de condiciones y a merced de las radios ilegales e
ilegítimas que nos agreden con potencias superiores, mientras
estamos en un contexto de indefensión absoluta.
Cierto
que el dial es limitado. Cierto también que la obligación
de la Administración es garantizar la máxima pluralidad
y el mayor acceso posible. Y que debe corregir y compensar
situaciones de discriminación y marginación.
No
vale, porque es hacer trampa, echar balones fuera y acusar a la
Administración Central de no legislar sobre el Tercer Sector
de la Comunicación. El Gobierno Vasco tiene herramientas
suficientes para corregir esta discriminación y las
infracciones al artículo 19 de la Declaración Universal
de los Derechos Humanos. Sólo necesita voluntad política.
Y eso no está en manos ajenas. Está en sus propias
manos.
Ahora
tiene oportunidad, si quiere, para no rezagarse en reconocer algo
que, ya lo saben, antes o después llegará. En la
mayoría de los paises europeos, en América, en África,
en Asia..., las radios del tercer sector, están logrando su
reconocimiento. Tan sólo gobiernos de dudosa legitimidad
democrática o directamente dictatoriales, se resisten a ello.
Tan sólo esos gobiernos y, hasta la fecha, también el
nuestro.
Corrijan
este escenario. Adelántense al resto de comunidades autónomas
y a la Administración del Estado que, en su Borrador de
Anteproyecto de Ley General Audiovisual, ya reconoce a las radios
comunitarias. Ahora tienen es sus manos un nuevo Plan Técnico
que les permite distribuir 34 nuevas frecuencias en Araba, Bizkaia y
Gipuzkoa. ¿Serán todas, otra vez, para proyectos de
negocio sobre un recurso público? ¿O se reparará
la situación reconociendo el derecho del tercer sector de la
comunicación?
Nada
en la Ley dice que esas frecuencias deban ser sólo para
emisoras comerciales. Sólo cita la gestión indirecta. Y
ahí también cabemos las radios libres, comunitarias,
asociativas. Sólo hay que quererlo. El sector público
posee las frecuencias que necesita. El sector del mercado, goza ya de
35 frecuencias. Justo sería, para equilibrar, destinar las 34
nuevas frecuencias al sector comunitario. No pedimos tanto. Pero, si
quiere, el Gobierno Vasco puede reservar parte de las nuevas
frecuencias para el tercer sector. O, al menos, puede convocar el
concurso de concesión de forma que nuestras radios tengan
opciones reales de acceso a las frecuencias.
De
lo contrario, nos encontraremos con la paradoja de que, una futura
ley, reconocerá nuestra existencia y derechos y, sin embargo,
ya no tendremos lugar en el dial.
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